El Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación en la Comunidad de Madrid (OGDAM) ha hecho pública una propuesta para el establecimiento de un sistema de indicadores con los que monitorear el estado de la inseguridad alimentaria en España y su evolución anual. Alimentta apoya esta petición de un sistema tan necesario para conocer la magnitud de un problema que desgraciadamente suele ser ignorado y cuya magnitud real se desconoce.
La inseguridad alimentaria es producto del acceso limitado a una alimentación suficiente y nutricionalmente adecuada y tiene su origen principalmente en la falta de recursos económicos. También es producto de una dieta inadecuada que, a su vez, es la principal causa de mortalidad y morbilidad a escala global. Naciones Unidas ha considerado la erradicación del hambre y de la desnutrición, por tanto la erradicación de la inseguridad alimentaria, como segundo Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS2), tras el fin de la pobreza.
El observatorio lamenta que los organismos que se encargan de estudiar los hábitos alimentarios españoles y de elaborar las estadísticas oficiales no recogen datos sobre este tema más que de manera parcial, lo que constituye una carencia importante. Cuando se habla de inseguridad alimentaria se suele pensar en un problema que afecta sobre todo a los países pobres. Sin embargo, cada vez son más las personas que tienen serios problemas para acceder a los alimentos. A ello se une la malnutrición, asociada también a la pobreza y a la exclusión social, que en España está mucho más generalizada de lo que pudiera pensarse.
Pese a que España suscribió hace tiempo las declaraciones que consagran el Derecho a la Alimentación, se ha hecho poco para concretar en normas y en políticas públicas su reconocimiento efectivo. La atención a las personas que sufren pobreza o exclusión social, esto es, que sufren más directamente la inseguridad alimentaria, es una asignatura pendiente. De hecho, la concepción que tiene la administración española de la seguridad alimentaria está más centrada en la salubridad de la producción y el consumo de alimentos que en su privación o su impacto sobre la salud. La opinión pública tampoco tiene consciencia clara de la entidad del problema, ya que los medios de comunicación dan pocas noticas sobre este asunto, salvo en los momentos de crisis económica, cuando aparecen en toda su crudeza las colas del hambre o el reparto caritativo de alimentos.
Sin embargo, los datos que se recogen en el documento del OGDAM muestran que la inseguridad alimentaria en España tiene una incidencia superior a la de la mayoría de los países europeos y afecta entre el 7,5 y el 13,5% de la población. Estos porcentajes confirman que, efectivamente, las tasas de inseguridad alimentaria constituyen un problema muy importante que se expresa, además, en altos niveles de desnutrición y, en mayor medida, de malnutrición. Este es un fenómeno que permanece casi invisible a la mayoría de la población, pese a que en los últimos años se ha hecho más evidente.
Desde hace años existen sistemas de indicadores para medir la inseguridad alimentaria, entre ellos el elaborado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés), que gradúa el nivel de inseguridad alimentaria como grave, moderado o leve a partir de ocho preguntas. Sin embargo, en España, la información oficial es escasa y se limita a los datos anuales sobre prevalencia de la inseguridad alimentaria en la población mayor de 16 años. Eurostat proporciona un indicador que se incluye en la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística). Este indicador, que no proporciona mucha información, trata de reflejar la carencia alimentaria de los hogares preguntando si no han podido disponer de carne o pescado por lo menos dos veces a la semana por razones económicas. Existen también datos fragmentarios proporcionados por instituciones implicadas en el reparto de alimentos (bancos de alimentos, Cruz Roja, Cáritas). A ello se suman los datos de las encuestas de la Fundación Foessa, que no coinciden con la información anteriormente reseñada.
En consecuencia, OGDAM reclama la urgente puesta en marcha de un sistema nacional de indicadores periódicos que permita conocer el grado de inseguridad alimentaria en España y su evolución anual. Para ello existen escalas validadas internacionalmente que pueden servir de base para la elaboración de indicadores con que medir la eficacia y el empeño de las administraciones públicas en la tarea de reducir y eliminar la inseguridad alimentaria y atajar las causas que la producen.
Por nuestro compromiso con el derecho a la alimentación y con la promoción de una alimentación sostenible, desde Alimentta compartimos esta preocupación y ofrecemos todo nuestro apoyo al observatorio en cuantas acciones sean necesarias para que las administraciones acaben implantando ese sistema de indicadores.
En paralelo, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E) está trabajando en la elaboración de un sistema de indicadores relacionados, en este caso, con la protección de ese derecho. Su intención va más allá de la planteada por el observatorio madrileño, abarcando aspectos diversos como su regulación normativa, la situación de inseguridad alimentaria -entendida tanto como carencia de alimentos como malnutrición-, el consumo alimentario y su impacto en la salud, el desperdicio alimentario, los servicios sociales relacionados con la alimentación y las actividades de producción alimentaria. Su objetivo es elaborar y publicar, periódicamente, un informe de situación que permita conocer si ese derecho está o no garantizado en España, en congruencia con su tarea fundacional: la de monitorear el grado de su cumplimiento. Alimentta se pone también a disposición del ODA-E para ayudar en el desarrollo de esta importante tarea.