El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25) como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Esto incluye el derecho a todos los nutrientes que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, así como los medios para tener acceso a ellos.
Sin embargo, en España este derecho no puede considerarse universalizado, dado que el 13% de los hogares españoles experimentan inseguridad alimentaria. Esto implica no solo que la cantidad de los alimentos se vea comprometida, sino también la calidad de dicha alimentación. La mercantilización de los alimentos, y por tanto de la alimentación, choca de lleno con la universalización de este derecho, especialmente cuando hablamos del acceso a alimentos de calidad, sostenibles y saludables.
La desigualdad económica está entre una de las principales causas de esta inseguridad alimentaria. En los países de la Unión Europea las mujeres y los hombres con ingresos más bajos son, respectivamente, un 70 y un 30% más propensos a ser obesos en comparación con los individuos con rentas más altas. En España, el 10% de la población entre 4 y 14 años tiene obesidad, elevándose dicho porcentaje hasta un 15% en las familias con menos ingresos. Es decir, la población infantil sufre las consecuencias de una manera más grave.
Según el informe Aladino del año 2019, un 17% de niños y niñas de 6 a 9 años tiene obesidad y un 40% tiene exceso de peso. Y, como sabemos, la obesidad se asocia a enfermedades vasculares, diabetes o algunos tipos de cáncer. Las dietas poco saludables se basan en alimentos altamente procesados de bajo precio pero con altos contenidos en azúcar, grasas y sal, que por lo general requieren menor tiempo de cocinado. Además, hoy en día podemos observar otros trastornos alimentarios relacionados también con la salud mental, sobre todo con el estrés o en la etapa adolescente, que también operan más entre las rentas más bajas.
En el otro extremo, observamos cómo el consumo de alimentos saludables es más frecuente en las familias con mayor nivel de ingresos en estos estratos sociales, el 67% de los menores realizan un consumo diario de frutas y beben menos bebidas azucaradas que en las rentas de familias de menores ingresos, que en las familias de menores ingresos.
Otras causas que están detrás de la inseguridad alimentaria se relacionan con la desigualdad territorial en el acceso a alimentos saludables y sostenibles, pero también está el grado de información, la disponibilidad de tiempo y capacidad para el cocinado, etcétera.
Todo ello imbricado en un sistema alimentario que, paradójicamente, desperdicia a nivel mundial un tercio de todos los alimentos que se producen.
El derecho a la alimentación de calidad
Por eso, en este episodio de la tercera temporada de ¿CÓMO COMEMOS?, el podcast de Alimentta, buscamos entender la complejidad de este derecho que implica el acceso universal a una alimentación de calidad.
- Raquel Díaz. Directora de la Fundación Espigoladors.
- Raquel Álvarez. Responsable del proyecto Entreiguales de Justicia Alimentaria.
- Modera: María Ramos, socia fundadora de Alimentta e investigadora en Cicytex.