Ante la consulta pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) previa al proyecto de Ley Reguladora de la Agricultura Familiar, a efectos de recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones o asociaciones afectadas; Alimentta propone cinco puntos clave a tener en cuenta en la nueva ley y que desarrollamos a continuación.

1. Consideramos fundamental impulsar la agricultura familiar mediante una nueva legislación

Desde Alimentta apoyamos la necesidad de formular una nueva ley de agricultura familiar debido a la cantidad de cambios ocurridos desde los años 90, cuando se configuró la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

Por un lado, reconocemos los profundos cambios estructurales y tecnológicos que han transformado los sistemas alimentarios. En este contexto, la internacionalización del sistema alimentario español ha incrementado la conectividad global en términos de flujos comerciales, lo que ha ido acompañado de un proceso de especialización productiva en España y de concentración intensiva de la producción en determinadas zonas. En particular, es relevante el crecimiento de la cabaña ganadera en España, especialmente la porcina, y la relación de su modelo productivo con los flujos de importación de materias primas para piensos, así como con su componente exportador. Asimismo, la vertiente mediterránea ha orientado su producción hacia el cultivo hortofrutícola y citrícola, al tiempo que ha experimentado una expansión e intensificación del olivar de regadío en el interior de Andalucía.

Estas producciones y su inserción en las cadenas globales han alcanzado actualmente una magnitud muy superior a la de los años 90, lo que plantea nuevos desafíos. El aumento del consumo cárnico ha impulsado la expansión de los monocultivos de cereales (que se han triplicado desde la década de los 60), las praderas artificiales y los forrajes destinados al consumo animal, en detrimento de las pequeñas producciones y de las fincas familiares, que aportan en gran medida una serie de servicios ecosistémicos fundamentales. Si esta tendencia continúa, nos enfrentaremos a un escenario de agricultura sin agricultores, afectando en gran medida al medio rural y a la provisión de servicios fundamentales para el país. Los pequeños productores luchan por sobrevivir sin el apoyo institucional necesario y enfrentándose a un sistema burocrático que dificulta su acceso a subvenciones, a lo que se añade la competencia desleal con productos importados que no están sujetos a los mismos controles ni estándares de calidad. Ante este panorama, resulta crucial proteger y apoyar a aquellos que, durante años, han sido los responsables de proporcionar alimentos de calidad a la ciudadanía española, al tiempo que han garantizado la integridad de los agroecosistemas.

Esto no solo contribuiría al fortalecimiento de los objetivos ambientales derivados de acuerdos nacionales e internacionales, sino también a la creación de sinergias con otros instrumentos legislativos destinados a abordar problemas como el cambio climático, el declive de la biodiversidad o la gestión ineficiente de los recursos naturales.

Nos referimos a leyes como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que establece medidas para su conservación y el aprovechamiento sostenible, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la necesidad de evaluar el impacto ambiental de los proyectos para minimizar su efecto en el medioambiente (y su actualización en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que la adapta al contexto europeo). De entre las leyes más recientes destaca la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que recoge la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura y ganadería, la mejora en la eficiencia de las explotaciones agrarias, el impulso de prácticas agrícolas sostenibles en la gestión del agua, e incentiva el papel de los ecosistemas agrícolas y forestales para avanzar hacia configurarse como sumideros de carbono. Asimismo, en el contexto europeo, es preciso resaltar el Pacto Verde Europeo, con sus estrategias De la Granja a la Mesa y la Estrategia de la UE para la Biodiversidad para 2030, que reconoce el modelo de agricultura familiar como fundamental para su aplicación (Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Compatibilidad de la política comercial de la UE con el Pacto Verde Europeo»). También es relevante reconocer que a nivel internacional, España es un estado firmante del Acuerdo de París (2015), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra (2021), y la Coalición para la Alimentación y la Agricultura Sostenibles de la FAO, lo que nos posiciona ante compromisos que afectan en gran medida al modelo agrícola, ganadero y alimentario.

Cabe destacar que el modelo productivo agrícola guarda estrecha relación con la problemática demográfica que enfrentamos como país, afectando en gran medida a las zonas rurales donde se da la actividad agrícola y ganadera. De hecho, la desaparición de un importante número de explotaciones agrarias es consecuencia directa de la pérdida de rentabilidad y la falta de relevo generacional que ocurre en la agricultura, y esto alimenta en gran medida al proceso de vaciamiento demográfico de las zonas rurales. De hecho, la Ley 45/2007, el 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural ya reconocía la necesidad de equilibrar el desarrollo entre las zonas urbanas y rurales mediante financiación de proyectos agrícolas, mejora de infraestructuras y acceso a servicios básicos. Más recientemente, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (2019), uno de los pilares fundamentales del novedoso Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), indica la necesidad de integrar políticas de desarrollo rural con estrategias climáticas y ecológicas. Con todo ello, coincidimos con el Comité España del Decenio de la Agricultura Familiar en la necesaria actualización legislativa en esta materia.

2. Creemos que es necesario precisar la definición de agricultura familiar

Desde Alimentta pensamos que resulta fundamental acotar el entendimiento de qué es la agricultura familiar con una definición que permita generar un consenso y generar un marco para su inserción explícita en las políticas públicas. Por ello, proponemos la siguiente definición:

“La agricultura familiar es un modelo de producción basado en la gestión y trabajo principalmente familiar, en el que la unidad familiar es responsable de la toma de decisiones, la organización del trabajo y la utilización de los recursos humanos, naturales y económicos. Este modelo puede incluir actividades agrícolas, ganaderas o mixtas, y es altamente compatible con una orientación hacia la producción sostenible, el cuidado del medioambiente y la autonomía alimentaria, proporcionando servicios ecosistémicos a la sociedad.”

En este sentido, la relevancia  de la agricultura familiar recae en ser la unidad social protagonista de la toma de decisiones, independientemente de la configuración y/o miembros que dicha familia posea. Asimismo, consideramos oportuno subrayar la importancia definitoria del trabajo aportado a la explotación, considerando que la agricultura familiar implica el aporte de al menos el 50% de las Unidades de Trabajo Agrario (UTA) totales de la explotación por parte de la unidad familiar.

Por otro lado, entendemos que la agricultura familiar no puede basar su definición en un tamaño específico de la explotación, puesto que el tamaño real dependerá de su orientación técnico-económica. Por ello creemos más adecuado establecer una definición sustentada en el tamaño económico de la explotación medida en unidades de dimensión europea.

Si bien la agricultura familiar supone una importante aportación al mantenimiento de un medio rural vivo y a la prestación de servicios ecosistémicos, no consideramos que la unidad familiar o grupo social que la gestione deba habitar en la propia extensión, sino que la unidad familiar y la finca estén relacionadas entre sí  mediante la gestión y el trabajo, evolucionando conjuntamente y combinando funciones económicas, ambientales, sociales y culturales, tal y como define la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés).

En cuanto a la titularidad, consideramos que el escenario actual no requiere restringir la definición de agricultura familiar a aquellas personas vinculadas a la explotación como propietarias, precisamente por existir una variedad de casuísticas donde regímenes de propiedad y arrendamiento se combinan bajo la misma explotación. Por ello mismo, consideramos que el entendimiento de la agricultura familiar debería estar ligada a la titularidad, pero también a la gestión y administración de la explotación a manos de un miembro de la unidad familiar, en línea con lo planteado por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, del País Vasco.

3. Proponemos priorizar las medidas que aseguren la rentabilidad de las explotaciones familiares desde un enfoque sostenible y abordar la falta de relevo generacional

Desde Alimentta reconocemos que la ley de agricultura familiar debe tener como principal prioridad frenar la destrucción de las explotaciones familiares.

Para ello, hemos considerado una serie de medidas que dicha ley debería abordar.

  • Por un lado, creemos relevante coordinar las acciones destinadas a frenar la despoblación rural y la destrucción de la agricultura y ganadería familiares. En este sentido, el nexo entre la destrucción de la agricultura familiar y la despoblación rural resulta clave, por lo que entendemos que deben desarrollarse estrategias que presten especial atención a frenar la destrucción de la agricultura familiar en zonas escasamente pobladas y/o en riesgo de despoblación. Estas estrategias no deberían ser exclusivas de dichas zonas, pero si deben tomarse medidas concretas, urgentes y eficaces en esas zonas.
  • Al mismo tiempo, creemos relevante la contribución al conjunto de servicios que como sociedad disfrutamos gracias al esfuerzo de las explotaciones familiares. En este sentido, Alimentta aboga por la remuneración explícita de los servicios ecosistémicos, como forma de contribuir al rescate, fortalecimiento y promoción del modelo de la agricultura familiar. Esta remuneración puede desarrollarse a partir de distintas herramientas disponibles hoy en día en el marco legislativo (p. ej. contratos de explotación contemplados en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, incentivos o ayudas directas, ventajas fiscales, etc.), adaptadas a las situaciones específicas de cada explotación y atendiendo a sus factores físicos y socioeconómicos. Todo ello con el objetivo prioritario de garantizar una retribución suficiente para alcanzar la viabilidad de la explotación familiar.
  • Otra línea prioritaria emana de la potestad definitoria de esta ley de agricultura familiar, precisamente por definir la categoría de explotación familiar y, por lo tanto, su potencial inclusión en los mecanismos de promoción a través de la compra pública. Tal y como indica el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea en cuanto a criterios de contratación pública ecológica de la UE para alimentos, servicios de restauración y máquinas expendedoras (SWD (2019) 366), existe la posibilidad de incorporar criterios de elegibilidad específicos, que en este caso podrían priorizar la compra de productos de las explotaciones familiares como mecanismo de fortalecimiento de este modelo productivo. Asimismo, este criterio no sería restrictivo a la mera condición de explotación familiar, sino que podría ir vinculado a otros criterios de sostenibilidad con los que se solape y complemente, como la producción ecológica o los manejos agroecológicos y/o producción de variedades locales.
  • Por otro lado, las explotaciones familiares, principalmente las de pequeño tamaño, presentan problemas asociados a su atomización que les impide participar con el debido peso en los procesos de negociación de precios, las vías de comercialización de sus productos o la búsqueda de nuevos mercados, entre otras cosas. Por ello, es relevante incorporar estrategias que mejoren el asociacionismo y las estructuras jurídicas que organicen la voz colectiva y doten a estas explotaciones de mayor capacidad de representación. En este sentido, destacan dos elementos importantes: la generación de infraestructuras de apoyo a la comercialización cooperativa, y de apoyo a la creación de entidades grupales que impliquen mejorar la capacidad de negociación con otros actores de la cadena. Asimismo, la crisis de rentabilidad a la que se enfrentan dichas explotaciones podría combatirse con estrategias para retener valor añadido a través de la transformación agroalimentaria y el impulso al emprendimiento en estructuras tipo hubs de alimentación o los obradores compartidos. Estas estructuras permiten reducir el costo unitario de transformar el producto para su venta por disponer de una infraestructura común donde elaborar las transformaciones, a la par que generan un espacio de carácter colaborativo para potenciar el espíritu colaborativo de las explotaciones familiares.
  • El grave problema demográfico que asola al medio rural e impacta fuertemente en el sector productivo hace de la agricultura familiar un modelo de producción altamente frágil si la tendencia no cambia. Una población altamente envejecida no está encontrando relevo generacional y este hecho aboca al país a una crisis del medio productivo sin precedentes. En este sentido, otra línea prioritaria de la política pública tiene que ver con la necesidad de fomentar el acceso de las personas jóvenes a las explotaciones agrarias como forma de reducir el abandono de la actividad agraria familiar. En este sentido, estrategias puestas en marcha por comunidades autónomas la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia, o la Ley 9/2023, de 3 de abril, de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, han sentado las bases de un marco legislativo favorable para la puesta en marcha de bancos de tierras, con acceso prioritario y/o preferente a población joven, con criterios puntuables relacionados con ser mujer, joven, que involucre su participación en estructuras asociativas tipo cooperativas, y/o que se acoja a medidas sostenibles como la agricultura y ecológicas, razas ganaderas autóctonas o similares. Hay que considerar que esta estrategia debe venir acompañada de otras medidas de tipo económico como créditos beneficiosos, subvenciones, etc. que impulsen el verdadero recambio generacional.
  • En relación al banco de tierras, vemos necesario considerar la política pública sobre la explotación familiar como un pilar básico del cambio de tendencia del modelo productivo, convirtiéndose en un eje central de la política estatal. De esta manera, consideramos que una política pública prioritaria debería orientarse a generar estructuras jurídicas que protejan el uso del suelo agrario, garantizando su utilización a través de mecanismos de protección oficial, del mismo modo que se realiza en la política de vivienda. De este modo, vemos relevante innovar en la política pública a través de disponer de tierras sujetas a precios de acceso preferente a personas jóvenes, sobre las que se implemente un periodo de salvaguarda que evite su venta en los primeros años, fortaleciendo su uso como terreno productivo bajo el modelo de la agricultura familiar y evitando los procesos especulativos.

Entendemos la dificultad de implementar estas líneas prioritarias, pero también compartimos el reconocimiento de la administración pública como entidad que ha mejorado su capacidad de conexión con la sociedad a través de mecanismos como la ventanilla única o los sistemas de arbitraje del consumo.

En este sentido, y ante el alto grado de envejecimiento del modelo productivo de la agricultura familiar, vemos importante desarrollar mecanismos adaptados para mejorar el acceso a la información por parte de las unidades familiares ante la ley, permitiendo y optimizando la interacción con la administración en materia de tierras y recursos disponibles, acceso a apoyo económico y oficinas de atención.

4. Consideramos imprescindible asegurar la convivencia entre la producción energética, la agricultura y la ganadería

Proponemos un modelo energético agrícola basado en la máxima complementariedad entre las energías renovables y las actividades agrarias, con un enfoque en modelos dispersos y descentralizados que optimicen la eficiencia y minimicen los impactos negativos. En este sentido, es fundamental priorizar plantas solares y eólicas frente a macroplantas, ya que cuanto menos centralizadas sean las instalaciones, menores serán los daños sobre los ecosistemas y las actividades agrícolas.

Es esencial combinar modelos centralizados y descentralizados, adaptados a las características locales y al tipo de actividad. En particular, solicitamos el fomento de placas solares fotovoltaicas y térmicas en las explotaciones agrarias familiares, así como el uso de suelos no agrícolas o de bajo rendimiento biofísico para la instalación de parques solares fotovoltaicos y térmicos. Además, es crucial asegurar la adecuación técnica de las placas solares y los molinos eólicos, para que puedan compatibilizarse eficazmente con las actividades agrícolas y ganaderas, permitiendo que las explotaciones agrarias familiares sean autosuficientes energéticamente y contribuyan activamente a la transición hacia un modelo energético más sostenible y accesible.

5. Consideramos fundamental asegurar la democratización de la digitalización y las tecnologías

El documento que inicia la consulta pública previa de la ley de agricultura familiar considera que las explotaciones familiares pueden tener más dificultades para la inversión digital y la práctica de economías de escala, alcanzando producciones más eficientes, rentables y sostenibles. Sin embargo, desde Alimentta consideramos necesario introducir algunas matizaciones.

En la literatura científica (Fairbairn, M. et al 2025; Hackfortt, S. 2021; IPES Food 2023; Ruder, S. & Whitman, H. 2025) se reconoce que, si bien el desarrollo digital puede conllevar beneficios para el sector de la agricultura familiar, existen riesgos importantes que pueden generar mayores desigualdades o problemáticas de mayor calado si la digitalización no se realiza de manera adecuada.

En este sentido, el proceso de adaptación del modelo productivo familiar a la digitalización debe tener en consideración al menos los tres elementos descritos a continuación:

  • Democratización tecnológica y control de las herramientas tecnológicas. Consideramos fundamental que el marco legislativo promueva un enfoque de democratización tecnológica en el sector agrícola. Las tecnologías aplicadas a la agricultura deben ser accesibles y asequibles para las explotaciones familiares, independientemente de su tamaño o capacidad económica, y no estar condicionadas por sus altos costos. En este contexto, es esencial que el Estado adopte medidas para garantizar el acceso de la agricultura familiar a estas tecnologías, ya sea a través de incentivos, subvenciones o el desarrollo de tecnologías públicas que estén al alcance de todos los productores. Además, solicitamos que se impulse el uso de tecnologías libres de derechos de autor, como las disponibles bajo licencias Creative Commons, con el fin de asegurar que las herramientas tecnológicas sean accesibles sin imponer una carga económica adicional a los productores, y fomentando un entorno más inclusivo e igualitario en el acceso a la innovación. Adicionalmente, proponemos que las tecnologías asociadas a los insumos agrícolas, en particular aquellas que son esenciales para el funcionamiento de las explotaciones, se incluyan dentro de los servicios públicos agrícolas, permitiendo que todos los agricultores tengan acceso a ellas sin depender del mercado privado, lo que contribuiría a reducir las desigualdades en el acceso a la tecnología y recursos.
  • Fortalecimiento de tecnologías de innovación comunes y comunitarias. Instamos a que se promueva el fortalecimiento de las tecnologías de innovación comunes y/o comunitarias que sean adaptables y accesibles para los agricultores en sus respectivos territorios. Es crucial que el diseño de los paquetes tecnológicos, especialmente aquellos destinados a pequeños y medianos productores, sea inclusivo, permitiendo que los agricultores participen activamente en la propuesta, desarrollo y adaptación de estas tecnologías, garantizando que las soluciones sean verdaderamente aplicables y beneficiosas para las condiciones locales. Solicitamos que se impulse un modelo de innovación abierta que permita a los agricultores compartir sus conocimientos y experiencias, contribuyendo al desarrollo y mejora de las tecnologías, en lugar de imponer soluciones tecnológicas provenientes de enfoques externos sin tener en cuenta las realidades locales.
  • Valoración y salvaguarda de los saberes tradicionales. Es fundamental no pasar por alto el valor de los saberes tradicionales en el ámbito agrícola. Conocimientos como el conocimiento ecológico tradicional han sido fuente de innovaciones y adaptaciones exitosas en las prácticas agrícolas, y deben ser considerados como parte integral del proceso de innovación. Por ello, pedimos que la ley reconozca, visibilice y fomente la preservación de estos saberes, así como su integración con las tecnologías externas que puedan aportar a la sostenibilidad del sector. Las acciones de digitalización y modernización deben ir en la línea de salvaguardar, poner en común y dar visibilidad a estos conocimientos, especialmente aquellos que son útiles en la adaptación al cambio climático y la provisión de servicios ecosistémicos; asegurando que no se pierdan ante la presión de tecnologías de origen externo, sino que se complementen con las soluciones innovadoras que provienen de fuera.